Madrid, 5 de octubre (EFEAGRO).- El secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Blanco, denuncia el "acoso" que suponen para España los acuerdos comerciales que Bruselas ha impulsado o negocia con terceros países, con "poca transparencia" y bajo un denominador común: "la agricultura como moneda de cambio".

Así lo asegura en una entrevista sobre prioridades del curso, como las normas sobre cadena alimentaria o el problema del agua.

Blanco denuncia que, al entrar el TTIP con EEUU "en estado de hibernación", la UE esté impulsando diferentes acuerdos comerciales como el CETA (con Canadá), que se aplica desde este mes, y que es "muy preocupante" por el impacto que puede tener para la ganadería.

Canadá podría llegar a exportar a la UE casi 46.000 toneladas anuales de carne de vacuno y 75.000 t de cerdo tras la apertura gradual de contingentes, "un golpe muy duro" para los ganaderos.

No se puede consentir -señala- que las importaciones de carne y otros productos de Canadá estén sujetos sólo a control y certificación en origen, se deberían inspeccionar cuando llegan a la UE también para evitar que entren productos americanos con "ractopamina", anabolizantes u hormonas de crecimiento.

Asimismo, un eventual acuerdo con Mercosur "nos preocupa muchísimo" -sostiene-, aunque este bloque ya acapara el 20 % de las importaciones de carne de vacuno en la UE, mientras que sólo uno de sus países integrantes, Brasil, exporta a territorio comunitario un millón de toneladas de azúcar (2016) y 500.000 t de carne de ave.

Y están avanzadas las conversaciones para los acuerdos con Nueva Zelanda (gran productor de carne y lácteos), Australia (carne, vino o azúcar) o México (azúcar) que podrían "acosar" a España.

En clave nacional, explica que la ley de la cadena alimentaria "debe aplicarse al cien por cien" porque "se está retrasado excesivamente su aplicación total" e incluso "una parte importante" de las transacciones de compraventa que se realizan actualmente no están amparadas aún por contratos pese a ser obligatorios.

Blanco exige mejor coordinación entre las administraciones porque las comunidades autónomas "actúan poco" en aplicación de sus competencias sobre calidad, etiquetado o "venta a pérdidas".

En cuanto al código de buenas prácticas comerciales, Blanco cree que debe ampliarse tanto el número de entidades adheridas (unas 100 ahora) como los compromisos que adquieren estas empresas.

Se muestra preocupado, asimismo, por los intentos de la industria alimentaria para cambiar la legislación sobre plazos de pago tendentes a intentar ampliar de 30 a 60 días el período para remunerar al agricultor por sus productos frescos perecederos -como frutas, verduras, lácteos, carne o uva para vino-, cuando se destinen a la transformación (no a consumo en fresco)-sostiene Blanco-.

En ámbito comunitario, COAG participa en el proceso de consulta que ha lanzado la CE previa a la próxima normativa de la cadena alimentaria a nivel europeo, y defiende que incluya obligaciones y aborde la "venta a pérdidas" y la regulación de pagos y contratos.

También se refiere el secretario general a la futura ley española sobre cambio climático y transición energética y COAG pone en valor que la agricultura tiene un papel clave como sumidero de dióxido de carbono y reclama apoyos públicos a energía fotovoltaica o biogás.

De otro lado, y en un momento de incertidumbre sobre los presupuestos del Estado para 2018, Blanco exige que los fondos para apoyar los seguros "deberían ir hacia los 400 millones de euros", al ser uno de los medios más efectivos para luchar contra la sequía y las adversidades, y contar con más aportación de las autonomías.

Pide "repensar" los seguros, porque se necesitan líneas mejor adaptadas, al tratarse de una política clave para mantener rentas.

En materia hídrica, urge un pacto nacional del agua, "con las compensaciones que correspondan" y, sobre el regadío, critica los planteamientos de quienes piden eliminar un millón de hectáreas.

Sobre la futura PAC post 2020, dice que España debe estar "desde el minuto cero" pendiente de las discusiones para su próxima reforma, aunque lo más probable es que se prorrogue hasta 2023.

COAG rechazará cualquier intento de compensar la salida del Reino Unido de la UE con una reducción de los presupuestos para la PAC.

Si hubiera alguna reducción finalmente, COAG exigirá primar la agricultura más social, pagos vinculados a la actividad para sectores vulnerables como la ganadería o establecer techos máximos de ayuda por explotación; y tienen claro que no aceptarán ninguna "cofinanciación" o "refinanciación" de los Estados del primer pilar.

El desarrollo rural debe incidir en la modernización, con más inversiones para innovación, mejora de la competitividad, lucha contra el cambio climático e incorporación de jóvenes, concluye. EFEAGRO