La “uberización del campo español” pone contra las cuerdas a los 345.000 agricultores más profesionalizados.
COAG ha presentado esta mañana el primer estudio realizado en España sobre los efectos del nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura. “Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores”, ha sentenciado Miguel Blanco. La brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias.
03 12 2019
- En sectores como el de uva de mesa, tres grupos empresariales controlan ya el 85% de la producción y la comercialización, de la mano de fondos de inversión internacionales.
Madrid, 28 de noviembre de 2019. Bajo el título, “La uberización del campo español”, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado esta mañana el primer estudio realizado en nuestro país sobre los efectos nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura. “Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone en el sector, España camina hacia una agricultura sin agricultores”, ha sentenciado Miguel Blanco. En este sentido, el secretario general de COAG ha subrayado que “la brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias, como ya está pasando en sectores como la uva de mesa, con un capítulo especial en este estudio”.
Blanco ha señalado que las últimas crisis de precios en el sector del aceite de oliva, frutas y hortalizas, leche o vino, tienen mucho que ver con los síntomas de este cambio de modelo y en relación a ello ha señalado que lo más perjudicados por la “uberización del campo” serán los 344.000 agricultores más profesionalizados. “Las “pymes del agro”, el verdadero pulmón económico y social del medio rural y dique de contención contra la despoblación y la desertización en centenares de comarcas”, ha puntualizado.
El responsable de COAG ha señalado que este documento es un primer paso para abrir un proceso de reflexión, analizar qué está ocurriendo y plantear soluciones. “Presentaremos el estudio a los diferentes grupos políticos del Congreso y al Gobierno cuando se constituya con plenas funciones. Exigiremos medidas políticas y económicas para revertir esta situación. Lo primero: decidir si queremos una agricultura con agricultores en el marco de una economía social agraria o una agricultura con grandes empresas y empleados en el campo”.
El estudio elaborado por los Servicios Técnicos de COAG analiza las principales magnitudes y tendencias macroeconómicas que dibujan el nuevo escenario. Además, dedica un capítulo especial a 4 subsectores que representan distintos estadios de la evolución del nuevo modelo agrario: uva de mesa, vacuno de leche, frutas y hortalizas y porcino.
Entre las principales conclusiones y tendencias se pueden destacar las siguientes:
- La “paradoja agro”. Cifras macroeconómicas de récord y cierre de explotaciones. El sector agrario va viento en popa: la renta agraria alcanzó en 2018 una cifra récord de 30.217 mill€, franqueando por primera vez la barrera de los 30.000 mill€ y con tendencia creciente desde 2012, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Asimismo, las exportaciones agroalimentarias españolas han aumentado un 97,5% en los últimos 10 años, con una tendencia claramente positiva hasta un nuevo récord, otro, de 50.349 mill€, ahondando en el saldo comercial positivo para el conjunto de la balanza del Estado. Sin embargo, el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad y ausencia de relevo generacional es incesante. Como ejemplo uno de los sectores más pujantes de nuestra agricultura: mientras que en 2007 había una superficie de frutas y hortalizas de 1.462.000 ha con 215.000 como titulares de explotaciones, en 2016 para un área en producción aún mayor, 1.594.000 ha, hay 172.000 titulares. Es decir, en 10 años mientras el sector había perdido un 20% de activos, la superficie había crecido en más de 130.000 ha, un 9%.
- El “sándwich” de agricultor. Presión en costes y precios. Los agricultores/as están en el medio de la cadena de valor, en la parte ancha de un doble embudo: frente a 945.000 explotaciones agrícolas y ganaderas (INE, 2016), en uno de los cuellos del embudo se encuentra la distribución comercial, fuertemente concentrada: los seis primeros grupos de distribución comercial concentran el 55,4% de la cuota de mercado en España, según cifras de Kantar Worldpanel para junio de 2019. Pero por el otro lado, en el otro estrechamiento, le compramos nuestros insumos a menos empresas, que son cada vez más grandes y poderosas (véanse las fusiones Monsanto + Bayer, Dow + DuPont, Syngenta + ChemChina…). “El elevado potencial de negociación de ambos extremos nos deja claro quién impone los costes y los beneficios. Los agricultores estamos afrontando una presión sostenida en el seno de una cadena alimentaria desequilibrada, que deja importantes márgenes en eslabones que no son el agricultor, que se ve presionado para sacar a cualquier precio sus producciones. Los eslabones favorecidos en esa dinámica (proveedores de insumos, corredores, intermediarios, mayoristas, exportadores, minoristas…) acumulan capitales a costa del agricultor y luego los destinan a la propia producción para competir con nosotros en una diabólica espiral”, ha argumentado Blanco.
- El ocaso de la explotación familiar tradicional. Según la Encuesta de Población Activa (2017) en la agricultura había 306.000 trabajadores por cuenta propia, únicamente 20.000 son ayudas familiares, mientras que asalariados ocupados teníamos 513.000 trabajadores (más 200.000 parados). La explotación familiar tradicional ha desaparecido prácticamente.
- Concentración de la producción (y la riqueza) en menos manos. El último informe sobre la Caracterización del sector agrario en el Estado español, publicado recientemente por el MAPA, es más que ilustrativo. En España hay 1 millón de explotaciones agrarias. El 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor de la producción.
- Aterrizaje de los fondos de inversión. En los últimos años el sector primario ha experimentado una creciente entrada de capital externo. La presencia de inversores ajenos no es nueva, pero en los últimos tiempos se constata un aumento del interés de los inversionistas por la agricultura. Las causas para este floreciente atractivo son múltiples y combinadas. Hay cuestiones estructurales, como por ejemplo, la política europea de inyecciones de liquidez y bajos tipos de interés que conduce a una mayor disponibilidad de recursos financieros para la inversión. Pero, sobre todo, las perspectivas de crecimiento de población y de necesidad de alimentos, con recursos productivos cada vez más escasos, muestran un potencial de rentabilidad indiscutible y el valor estratégico de las empresas agrarias
- Conformación de oligopolios. Además, comienzan a verse procesos de integración toda la cadena, tendentes hacia el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que llega al consumidor. En esta situación de integración, los agricultores/as se pueden ver inmersos en el proceso de alineación de intereses de la cadena y convertidos en meros obreros y maquileros, con riesgo además de ser automatizados y sustituidos por robótica.
- Cadenas de valor integradas. La operativa integrado parte de una premisa básica; los agricultores asumen el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra. Tienen contratos de compraventa de producto a largo plazo con las empresas integradoras y reciben asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producir – previo pago del royalty correspondiente – las variedades de los productos agrícolas que son propiedad de las integradoras. Los costes son elevados, ya que se busca un producto de calidad. Los precios que se pagan al agricultor cubren los costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada. La integración puede presentar beneficios, pero también riesgos: la integradora asegura una rentabilidad en tanto en cuanto tenga voluntad de hacerlo. La supervivencia de un agricultor, en especial si su explotación no está diversificada, queda supeditada al destino y a los intereses de la empresa integradora. Si la empresa integradora quiere hacerse con los medios de producción del agricultor, con sus tierras o sus derechos de agua, no tiene más que ajustar los precios de compra o elevar los costes de producción para ahogar financieramente al proveedor, que acabará cediendo a las presiones de venta. Otra posibilidad es que las integradoras acaparen suficiente producción propia y no necesiten mantener relaciones de integración con productores, que se verían abocados a estrellarse en el mercado, al no existir estructuras comerciales al margen de estos gigantes, además de padecer serias dificultades financieras en el desenganche de estas compañías.
- Especulación y deslocalización. Por otro lado, la entrada de fondos de inversión en estas grandes empresas, para soportar su crecimiento y la necesidad aparejada de liquidez, eleva la especulación y pone el riesgo el futuro a largo plazo de las propias empresas y, con ello, de los agricultores que dependen de ellas, dado que buscan un retorno económico en un plazo muy concreto y no tienen problemas en abandonar las empresas una vez obtenido, al carecer de arraigo sectorial o territorial. Pero no sólo afecta a empresas y agricultores, sino también a toda la economía y empleo que se genera en las zonas de producción.
- Transformación digital. La digitalización agraria es un gran reto para el sector, con grandes oportunidades, pero también riesgos y amenazas para nuestro modelo de agricultura y alimentación. En COAG tenemos claro que, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo. Si no ponemos en valor el papel de relevancia que tenemos en este cambio, tomando conciencia de que ahora no sólo produciremos alimentos sino también datos – que tienen mucho valor – corremos el riesgo de que este tsunami acabe con el modelo de producción familiar y profesional. Apostamos por una transformación digitalización inclusiva y democrática.