Lo aprobado no debe quedar en papel mojado. Hay que realizar una apuesta decidida y contundente por una aplicación inmediata y sólida de las nuevas disposiciones legales. Es imperativo que en el campo los precios cubran los costes de producción, algo que ahora mismo no se está produciendo de forma generalizada.

Madrid, 30 de septiembre de 2021. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) realiza una valoración positiva de lo aprobado en el día de ayer en el Congreso de los Diputados respecto a la Ley de Cadena Alimentaria. Se han producido avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario por lo que se considera que son pasos muy adecuados en la mejora de la posición en la cadena de agricultores/as y ganaderos/as.

El contexto

La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha aprobado con capacidad legislativa plena la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, mejorar su efectividad tras varios años de funcionamiento, así como para transponer la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Las mejoras

El Congreso ha adoptado la prohibición en la Ley de cadena de la venta a pérdidas en el último eslabón lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal. También se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción, bajo criterios que se determinarán reglamentariamente. También se han introducido algunas otras mejoras como, por ejemplo, una definición concreta del concepto “coste efectivo de producción” en la que se contempla la mano de obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.

Su eficacia

Lo aprobado no debe quedar en papel mojado. Hay que realizar una apuesta decidida y contundente por una aplicación inmediata y sólida de las nuevas disposiciones legales. “El sector no tiene un minuto más. Nuestras explotaciones profesionales están pendientes de un hilo y todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue desde el minuto inicial. En este sentido, el refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios es vital y debe seguir produciéndose. Pero también es labor de los propios agentes de la cadena, las empresas y sus asociaciones, empujar para conseguir mejoras reales en la rentabilidad y el correcto reparto de la misma, de manera que consigamos una sostenibilidad real de la cadena que asegure nuestra soberanía alimentaria”, ha  subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.

En cualquier caso, es necesario mostrarse cautelosos y para que los avances aprobados no se vean mermados en el procedimiento pendiente en el Senado. Desde COAG seguiremos trabajando para frenar retrocesos e introducir mejoras aún posibles. Esta nueva ley debe servir para continuar progresando en los cambios culturales en el sector. La pionera ley de 2013 estableció las bases para cambiar hacia una nueva cultura de contratación con transparencia y seguridad y ahora es el momento de cambiar hacia un nuevo paradigma en el que los precios cubran nuestros costes de producción, en beneficio y sostenibilidad de toda la cadena y también del consumidor.

Esto no se podrá producir si no se apuesta claramente y se realizan cambios profundos en la regulación de los mercados, que en la actualidad está prácticamente desmantelada, así como en el control de las importaciones de terceros países, que inundan y revientan nuestros mercados con movimientos desleales que sólo benefician a especuladores e intermediarios.

La unidad de las organizaciones agrarias, clave para conseguir avances.

COAG considera que el trabajo en unidad de acción de las 3 organizaciones agrarias ha sido clave en este proceso y reconoce la labor realizada durante la negociación por los grupos políticos del congreso, especialmente por aquellos que han apoyado nuestras reivindicaciones con claridad desde un primer momento, demostrando que se puede avanzar en la línea correcta para la mejora de la posición de las personas del sector primario. También es necesario valorar el trabajo del gobierno, y en especial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se ha mostrado abierto a la negociación y a la adición de mejoras en el proyecto de ley.