Intervención de Miguel Blanco, Secretario General de COAG, durante el acto de presentación de la jornada de análisis celebrada hoy en Matadero Madrid.

“Un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos debe quitar”.

El proceso para el establecimiento de una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de campesinas y campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales busca crear un instrumento dentro del sistema internacional de derechos humanos que permita mejorar la promoción y la protección de sus derechos, visibilizando las amenazas que vive la población dedicada a la producción de alimentos a escala social y familiar en todo el mundo. El proyecto actual de la declaración está en curso de negociaciones en el seno del Grupo Intergubernamental de Trabajo a composición abierta, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y que fue creado en septiembre del 2012 mediante la resolución 19/21. El texto de la declaración es el fruto del trabajo efectuado por La Vía Campesina (LVC) desde hace más de 15 años, apoyado por FIAN Internacional y el CETIM (Centre Europe Tiers Monde), junto con otros movimientos sociales y personas expertas y académicas y responsables institucionales de determinados países.

El proceso que ha llevado a la formulación de una Declaración de los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en el medio rural, está en su recta final tras años de actividad en el Grupo de Trabajo Intergubernamental dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y este inmenso trabajo debe ahora dar sus frutos. No se puede frustrar la esperanza de miles de millones de personas. Sería un imperdonable fracaso político, ético y social.

Razones y contenido de la Declaración

Hay razones de peso para respaldar la Declaración y que COAG identifica claramente:

1)  La necesaria defensa de los hombres y mujeres del campo, que representan un Modelo Social y Familiar de producción sostenible por su papel imprescindible en la seguridad alimentaria y en la soberanía alimentaria. Ningún país, ni rico ni pobre garantizará su futuro si no garantiza la Seguridad alimentaria sobre la base de la Soberanía.

2)  La actividad de los hombres y mujeres del campo, y de otras personas que trabajan en el Medio Rural, es garante de la conservación de la biodiversidad (que incluye el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas) y garantía en la lucha contra el calentamiento global y para enfrentarnos a las consecuencias del Cambio Climático.

3)  La Declaración lucha contra la pobreza y el hambre, que afectan especialmente al mundo campesino y a las poblaciones rurales. Son más de 800 millones las personas en el mundo que padecen hambre. El 80% son habitantes de zonas rurales y en el 60% de los casos mujeres y niños y niñas.

4) La Declaración lucha contra la discriminación, para defender el derecho a la tierra, frente al acaparamiento especulativo, al agua, a las semillas, a un empleo digno. El derecho a unos precios remunerativos, justos, para la agricultura familiar y social. Para que este Modelo Social de Agricultura no sea suplantado por un modelo esquilmador e insostenible.

5) Con esta Declaración no solo se apoya a los hombres y mujeres del campo y de las zonas rurales, sino al conjunto de la creciente población mundial, cada vez más dependiente de un sistema  de alimentación volátil y especulativo. Y cada vez más sensible también  a la preservación medioambiental.

La Declaración frente a las actuales amenazas.

 El capital financiero, de la mano de multinacionales se está haciendo con el control y acaparamiento de tierras de labor, del agua, de las semillas, en definitiva de la agricultura. Destruye mercados locales, desaloja poblaciones del campo, despuebla y envejece el medio rural, deforesta millones de hectáreas de bosque, etc. 

Los oligopolios agroalimentarios monopolizan la agroalimentación, mercantilizan los alimentos, manipulan los precios y regulan, a su interés, el abastecimiento de alimentos. Su poder condiciona las políticas de los gobiernos, condicionando la propia democracia. Un ejemplo son los Tratados de libre comercio, punta de lanza de la desregulación de los mercados y la imposición del dumping económico, social, medioambiental, que amenazan con liquidar un modelo agrario y alimentario más sostenible.

No sólo el Banco Mundial y la OMC, sino también la propia FAO, han venido argumentando que el hambre, la desnutrición son consecuencia del “atraso tecnológico”, obviando la responsabilidad de las políticas injustas, discriminatorias y erróneas, a favor de los intereses macroeconómicos.

 En unos lugares del mundo se sufre pobreza, desnutrición y hambre. En otros lugares más ricos es la malnutrición la que está generando graves problemas de obesidad, diabetes, etc. a causa de la imposición de una alimentación industrial no saludable. En unos y otros lugares se impone un modelo de producción agraria y un Modelo Alimentario insostenibles, que solo satisfacen la ambición especulativa de los grandes operadores agroalimentarios multinacionales. Como dice el lema de CETIM: “No existe un sólo mundo desarrollado y un sólo mundo subdesarrollado. Lo que existe es un sólo mundo maldesarrollado”.

Algunos datos que evidencian la crisis.

  La Agricultura Campesina, la Agricultura Social, la Agricultura Familiar forman parte de un Modelo en crisis, sometido a un proceso de desmantelamiento. A pesar de ello, hoy el 70% de la alimentación mundial es producida por la Agricultura Familiar. Y cerca de 500 millones de explotaciones a pequeña escala, en los países en desarrollo, alimentan a casi 2.000 millones de personas (un tercio de la humanidad). A esta realidad no se le puede dar la espalda.

 Y en la desarrollada Unión Europea, la dependencia alimentaria es mayor que en otras partes del mundo. El 40% de la tierra que utiliza Europa se encuentra fuera de sus fronteras. Al mismo tiempo que se acapara superficie agraria útil,  cada vez en menos manos, como en el caso de España donde el 0,5% de los propietarios acaparan el 20% de la SAU. Del mismo modo que se imponen los sistemas de integración, en manos de grandes empresas, que acaban con la agricultura familiar, a esto se une el abuso de posición de dominio de la cadena alimentaria por parte de la industria y de la gran distribución, manteniendo en muchas ocasiones precios al agricultor por debajo de costes r(diferencial de precios: media del 500%).

Las crisis agrarias, de precios y rentas, han desmotivado a las nuevas generaciones en su incorporación al campo (el 30% de los activos tienen más de 65 años y solo un 6% tiene menos de 35), provocando el envejecimiento del sector y la despoblación en el medio rural. Esto significa avanzar hacia una agricultura sin agricultores, sin hombres y mujeres en el campo. ¿En estas condiciones cómo se pretende cumplir con los  Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con los compromisos del de la Cumbre del Clima? ¿Cómo se va a garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentarias, fundamentales para el futuro de la población, de los países? ¿Y cómo se va a frenar la decadencia de las zonas rurales y evitar la galopante  masificación de las zonas urbanas?  

El necesario apoyo del Gobierno español.

 Por todo lo indicado, desde COAG estamos convencidos de que esta Declaración es una oportunidad única para avanzar en el derecho internacional de protección de los derechos humanos, que además es determinante para el futuro alimentario y ambiental del Planeta. Por lo tanto es necesario que la declaración llegue al máximo número de personas y que cale en la sociedad y para ello es imprescindible el trabajo y el esfuerzo que se ha venido haciendo por parte de todos. Las alianzas y el trabajo en cooperación de las organizaciones de la ECVC de la Península Ibérica y las organizaciones aliadas se ha visto materializado en la jornada que organizamos el pasado 26 de abril en Madrid.

Es un proceso vivo y el trabajo de Vía Campesina, de la que COAG forma parte junto a otras 164 Organizaciones de 73 países, como movimiento social sólido ha sido imprescindible para que el proceso continúe y siga adelante a pesar de todos los escollos. Con cada pequeño paso que la declaración ha ido dando en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ha avanzado mucho. En este sentido, desde COAG, solicitamos al Gobierno español un voto favorable para que esta declaración sea una realidad, siendo conscientes del importante papel que tendrá España en las votaciones durante este año.