Tras conocer el plan aprobado por el Gobierno  para paliar los efectos de la sequía en el campo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha afirmado que algunas medidas son útiles y "de agradecer" para el agricultor, pero tienen "coste cero" para el MAPAMA y aún son insuficientes dada la "gravedad" de la situación.  En ese sentido, desde COAG se ha pedido al Ministerio de Agricultura que revise la decisión de no otorgar ayudas directas de minimis a los agricultores y ganaderos más afectados y que se aproveche la nueva orden de bases para bonificar intereses (coste cero para el agricultor) e incluso cuotas de amortización de los préstamos. Además, esta organización ha insistido en la difícil situación de las explotaciones de ganadería extensiva, que tienen por delante un verano muy duro y muchas carecen de seguro; “es necesario afrontar esta situación para garantizar su continuidad”, se ha subrayado. Asimismo, se ha reclamado la puesta en marcha de una tarifa eléctrica especial para riego adaptada al consumo estacional y un incremento del montante presupuestario para los seguros agrarios.

CUATRO GRUPOS DE MEDIDAS

El conjunto de medidas propuestas se estructura en cuatro grupos: en torno al seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y la PAC. Además se han anunciado las medidas que están en tramitación dentro de un Real Decreto-ley que incluirían exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la seguridad social.

En lo que se refiere al seguro agrario, se ha conseguido el compromiso de Agroseguro para agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto. Para ello, se han incrementado notablemente el número de peritos en el campo hasta un total de 360 en todo el territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde.

En cuanto a la fiscalidad, se ha destacado la orden de reducción de módulos del IRPF para las producciones afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una reducción de la base imponible de 338M€. Los daños producidos en 2017, especialmente los de sequía, tendrán su reflejo en la propuesta que se elabore para la declaración de la renta de 2018.

Una de las medidas principales de las anunciadas, ha sido la Orden de ayudas a la financiación agraria que se publicó el pasado 5 de junio, que va a permitir facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía.

Esta línea contempla subvenciones de hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse. No obstante, el Ministerio ya está trabajando en una nueva orden de ayudas de financiación adaptada a los cultivos más afectados por la sequía.

En cuanto a las ayudas de la PAC, el Ministerio, a través del FEGA, va a solicitar a la Comisión el adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% de las de desarrollo rural, lo que supone un montante de más de 3.000 millones de euros a nivel nacional.

Además, y para evitar la pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía en el Duero, por la que el Ministerio reconoce que la actual sequía constituye un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural (por provocar daños que destruyen más del 30 % de la producción anual media) para dicho ámbito territorial. Esto va a permitir flexibilizar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el “pago verde” y las medidas agroambientales.

El Ministerio continuará realizando un seguimiento de la situación de sequía y de las medidas aplicadas en coordinación con las Organizaciones Profesionales Agrarias, las cooperativas agroalimentarias y otras administraciones públicas.